La Visión Comunal en la Comuna Hipolito Cuevas
Las ciudades comunales amplían el modelo democrático venezolano
Con Hugo Chávez en el poder, comenzó a primar en Venezuela el liderazgo directo y popular. Bajo esa premisa y tras demostrarse en el país en los últimos 20 años, una buena relación de organización con sus comunidades, se retoma la iniciativa de desarrollar los mandatos constitucionales de participación y protagonismo del pueblo, basados en la creación de vínculos productivos con un modelo que tribute a la diversificación económica en los espacios más locales del territorio nacional.
Para ayudar a construir esa nueva relación, no solo entre personas, sino de estas con el entorno natural, leyes como la de ciudades comunales, serán parte de un sistema cohesionado de gestión social esencial que agruparán lo cultural, lo ético y la moral. Así explica en una entrevista concedida a Últimas Noticias el presidente de la Comisión Permanente de Comunas de la Asamblea Nacional (AN), Luis José Marcano.
Precisa que el enfoque de este proyecto es impulsar la organización de los y las ciudadanas para lograr un Estado con visión comunal, que permita a las instancias del Poder Popular superar el individualismo. Esto significa trascender la mecánica de los consejos comunales y las comunas para consolidar comunidades, y un sistema, verdaderamente humano.
Aunque señala que este es un elemento central de la Constitución de la República, que define la democracia como una forma participativa y protagónica de la soberanía, todo dependerá del ánimo y la voluntad de sus ciudadanos. Es un planteamiento, que comprende un sistema de instancias para el desarrollo local que surge en 2005, y que luego se consolidó con la promulgación de la primera ley de este proceso comunal: Ley Orgánica de los Consejos Comunales.
Esto, recalca el legislador por el estado Anzoátegui, marcó el inicio para profundizar en el desarrollo del principio establecido en la Carta Magna, y que también tiene su auge con el conjunto de instrumentos legales del Poder Popular de los últimos años, para los cuales, ahora, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha instado a elevar su alcance. Es así como esta ley pretende aglomerar el esfuerzo que se realizan desde los consejos comunales, comunas y demás instancias del poder.
“Hoy se pueden observar en cualquier parte del territorio nacional distintas expresiones de organización, que no es al nivel ideal, el que quisiéramos, bueno por supuesto, se trata de un proceso, pero sin duda alguna, el pueblo venezolano desde elementos históricos y de actualidad, es ejemplar en términos de organización y participación para el mundo. Este tipo de leyes novedosas, dependen de manera fundamental, del grado de cohesión que tengan las comunidades organizadas para aplicarlas”, expresó.
¿Qué son las ciudades comunales?
De acuerdo con los artículos 1 y 2 de la ley, las llamadas ciudades comunales son un territorio político, una cuestión del sistema de agregación comunal para el desarrollo local que contempla estándares necesarios que contribuyan a fortalecer el proyecto del socialismo bolivariano. Es una organización popular para el impulso de un orden de gobierno en pleno funcionamiento en su conjunto, con la fuerza de la democracia, participación y protagonismo popular, para resultar en la premisa del Estado Social de Derecho y de Justicia.
El diputado dijo que la ley no es un sustituto de los órganos ya existentes en las bases, como las comunas y consejos comunales, sino una nueva herramienta para coordinar los esfuerzos locales. Una ley de este orden, tiene el propósito de establecer las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de este nuevo modelo de convivencia social-comunal para lograr los fines del socialismo trazados por Chávez.
Además, atribuye ocho órganos de gestión integrados como los son: un Parlamento de la Ciudad Comunal; Consejo Ejecutivo de Gobierno; Consejo de Planificación; Consejo de Economía; Consejo de Contraloría; Consejo de Educación y Formación; Consejo de Justicia y Paz, y una Comisión Electoral.
Por otra parte, si se amplía el artículo 2, esta nueva norma es aplicable “a todas las organizaciones, expresiones e instancias de agregación del Poder Popular; sectores sociales; personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como privado, que se relacionen con las Ciudades Comunales”.
Marcano agrega que el ejercicio de corresponsabilidad ciudadana, de participación y organización para atender los asuntos colectivos, son una realidad en Venezuela. Ahora, hay que concretar una nueva norma que dé mayor sustento a lo expresado en la Constitución.
En general, esta regla tiene como propósito la promoción del buen vivir, el interés colectivo, la eficacia y eficiencia, convivencia, justicia, equidad, corresponsabilidad, igualdad de género y complementariedad, entre otros aspectos, en el contexto de la diversidad cultural, solidaridad, el ecosocialismo, defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional.
Transferencia y competencias
El parlamentario recordó que el modelo democrático y de gobierno establecido en la carta magna de 1999 refiere que el poder constituido debe seguir tributando a la consolidación de la autogestión del pueblo, con la transferencia de competencias y capacidades demostrables.
Y es que, la Constitución en su artículo 184 indica que: “la ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los estados y los municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que estos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos”.
En correspondencia con esto, el proyecto, que ya superó el primer debate en plenaria, específica en su artículo 56 que: “(…) El proceso de transferencia, de conformidad a la constitución y la ley, a las Comunas de las Ciudades Comunales”, deberá realizarse “a través de empresas comunales bajo régimen de propiedad social directa, u otras formas legítimas de organización popular, la gestión y administración de servicios, actividades, bienes y recursos de acuerdo al marco legal y desarrollo del Plan de la Patria en la transformación popular y revolucionaria del Estado”.
En ese orden, el diputado dijo que la visión sobre el poder local, debe renovarse; tienen que transformarse desde sus prácticas, no desaparecer porque están en la Constitución. Tiene que desarrollarse una política de transferencia de competencias que permita a las comunidades organizadas asumir responsabilidades directas en servicios y administración de bienes, siempre y cuando sean demostrables sus capacidades de gestión, de acuerdo al texto fundamental.
De la contraloría comunal
Respecto al manejo de recursos, Marcano detalló que, a pesar del intento sistemático de los sectores que adversan a la revolución, para estigmatizar al Poder Comunal, cree que desde la organización de los territorios se pueden construir bases sólidas para cubrir necesidades económicas en muchos puntos de vista, y serán las mismas bases los garantes de ese desarrollo, por eso cada autoridad debe contribuir a que eso se consolide.
Con relación a esto, entre la estructura orgánica de cada Ciudad Comunal, un Consejo de Contraloría será la “instancia encargada de la vigilancia, supervisión, evaluación y contraloría social, sobre los proyectos, planes, actividades de interés colectivo, los ingresos, gastos y bienes”, que ejecuten tanto el Poder Popular, como el Poder Público, “sin menoscabo del alcance de las funciones de la Contraloría General de la República”, refiere el artículo 30.
La oposición debe ceder en su manipulación
La oposición que forma parte del Poder Legislativo argumenta que supuestamente los proyectos de Ley de Ciudades Comunales y Parlamento Comunal Nacional, modifican o van contra lo establecido en la Constitución. Al respecto, Marcano indicó que este sector político del país “tiene en algún momento que ceder en su intento por manipular a la población sobre aspectos que son muy claros”.
Pretender decir que lo que se está planteando es contrario a la Constitución, es absurdo y cae por peso propio. El texto constitucional define la democracia como participativa y protagónica, se refiere al ejercicio directo de la soberanía, establece la transferencia de competencias y otro conjunto de normas. De manera que, “este proyecto lo que viene es desarrollar. Lo que estamos haciendo es desarrollar los principios que están en ella, se están generando esas condiciones”, subraya.
Ahora, más allá de este debate de carácter constitucional o legal, hay una discusión política de fondo. Quienes ejercen responsabilidades políticas en el país ¿Creen o no que la población organizada puede ejercer el poder para atender situaciones propias y su bienestar? Esto, dice, es lo que hay que plantearse, ya que, añade, desde la Revolución han dado muestras de confianza y de que este planteamiento si es posible.
“De parte de la oposición, nosotros creemos que no hay disposición de hacerlo, y la muestra de ello, es que no hay ni siquiera una propuesta, es decir frente a la propuesta de construir la organización comunal, no hay otra en ese sentido. Lo que hay es un intento de manipular, poner excusas, pero esperamos que este sector pase del exceso de la crítica sin fundamento, a la propuesta”, indica.
Respecto al planteamiento de la derecha de someter estas leyes a un referéndum, enfatizó que ya la ley está en consulta con el pueblo, de acuerdo al Reglamento Interno de Debates de la AN, que es una Ley de la República, y cumpliendo con los diversos mecanismos legales este proyecto de ley de Ciudades Comunales “se abre al debate necesario”. Sin embargo, puntualizó que si ellos quieren que se haga un referéndum aprobatorio, que activen los procesos correspondientes. Si creen en algo distinto, que lo hagan por las vías legales, comentó.
Cronograma de consultas públicas
La consulta popular de este Proyecto de Ley comenzó el pasado 19 de marzo y hasta la fecha ha aglomerado a al menos 40.000 personas y otras 10.000 a través de videoconferencias. Estas jornadas se han realizado en 23 estados, en por lo menos 200 municipios. Tres semanas consecutivas de cuarentena radical, por el rebrote de contagios por covid-19, obligó a suspender todas las asambleas presenciales, e iniciaron una etapa de diálogo mediante foros online con distintos movimientos y organizaciones sociales.
Marcano precisó que para las semanas de flexibilización están llamando a retomar las consultas, haciendo uso de todos los elementos de bioseguridad con el apoyo de los concejos municipales y consejos legislativos, así como de los diputados y diputadas. Acotó, que estiman que en los debates, en el transcurso de este mes de abril y la primera quincena del mes de mayo, permitan lograr niveles satisfactorios de participación, ya que hasta ahora han percibido mucha receptividad al proyecto, además de recibir muchos aportes.
Recalca que también están haciendo uso de otros instrumentos digitales para quienes deseen participar; en la página web de la Asamblea Nacional hay un link con la consulta y otros elementos para dar aportes a la discusión. Otra vía para dar criterios sobre el proyecto, es mediante el Consejo Federal de Gobierno (CFG) dirigido específicamente, a los consejos comunales.
Concluye que desde la Comisión de Comunas del Parlamento, están abiertos a recibir las recomendaciones de todos los sectores, organizaciones, empresas, religiosos y más. “Haremos también los acercamientos que consideremos pertinentes, y de tal modo que aspiramos que en el mes de julio de este año, pueda estar en segunda discusión este instrumento legal”, afirmó.
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